Inmunidad pobre inmunidad

El poder no puede ser absolutista, sino normado y controlado. Las sociedades modernas confían en la figura del Estado con la sencilla razón, de ser un sintagma ordenado de instituciones y organizaciones con funciones permitidoras de mantener el erario “bajo control” y prohibir la transgresión de los derechos de la población. El Estado existe para comprometerse y ser garante del cumplimiento de los deberes por parte de todos los ciudadanos. Pero en un país como el nuestro, donde el rumor, la cacería, y el caudillismo prevalecen cual barbarie, esto no parece posible.

Si algo nos ha destruido como nación ha sido el pretender homogeneizar las normas jurídicas, la organización civil y militar con dogmas específicos y “especiales” o bajo el amparo de padrinos con escasa autoridad moral. Los cinco órganos conformantes del Poder Público Nacional, hoy dan claras señales de ignorar o alejarse de lo dispuesto en la carta magna, y no sólo por el caso Mardo, sino por una extravagancia de hechos convertidores de un país en donde lo estipulado no se cumple por ser solo un simple protocolo o “formalidad”.

Mi concepción personal de la AN (Poder Legislativo), es el del organismo en el cual se vela no solo por la creación de leyes que regulen y mejoren el comportamiento y las relaciones sociales, también como ese espacio humano donde convergen todas las corrientes, fuerzas, líneas de acción y pensamiento; que van desde empresarios, profesionales, sindicalistas, trabajadores sociales hasta miembros del clero.

El caso Richard Mardo expone una terrible deficiencia procedimental, en lo jurídico, ejercida por los poderes en Venezuela. En el afán por debilitar al actual partido principal de oposición del país, se recurre al contubernio de los organismos públicos para pisotear la imagen de un funcionario público y fomentar matrices contra su partido político. Se cae muy bajo al aprovecharse de contactos y facultades, para hacer competencia desleal.

La corrupción en la política latinoamericana siempre ha ido galopante a lo largo y ancho de su territorio. ¿Las razones? La escasez de justicia y compromiso institucional  en la acción de erradicarla. Richard Mardo ha cometido el delito de evasión fiscal de impuestos perpetrado antes de ser escogido como diputado de la AN por Aragua. Pero ¿No existe un debido proceso para poder castigarlo? Dónde está eso y la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a acudir a los tribunales de justicia; todo consagrado en nuestra Carta Magna. ¿Acaso son mecanismos innecesarios?

Me molesta enormemente que al no contar con una mayoría calificada se  enajenen las funciones de la AN, usando a otro poder. Por qué en vez de llegar a un consenso para la investigación de los hechos, se le arrebata al ex diputado su fuero, el cual, de acuerdo a mi punto de vista, debería transitar por la disposición de todos los actores políticos a retirársela.

Si Mardo ha cometido delitos bajo el amparo de su figura como funcionario debe serle aplicado todo el peso de la ley. Pero cómo confiar en una sentencia del TSJ cuando sabemos que aquí prevalece una bochornosa inseguridad jurídica, caracterizada por la ausencia de la ecuanimidad y el equilibrio entre pruebas y hechos.

Al ex diputado no lo castigan por ser un “gran líder”, sencillamente forma parte de un plan para acabar con su partido y el de su máximo representante electoral Henrique Capriles. Y la cuestión está en que se pierde, con medidas tan apresuradas y llevadas a la ligera como la actual, con todo un manojo de procedimientos esenciales para impartir justicia. No podemos continuar entre tanta tiranía, la población merece respeto, y las normas son parejas, la ley del embudo no puede seguir prevaleciendo en Venezuela. Si no toca decir como Marco Antonio Solís “A donde vamos a parar”